El síndrome Jefferson

Carles Puigdemont, que llegó a la política desde el periodismo, ha dicho que el Tribunal Supremo es "la Toga Nostra", con clara referencia a lo que él considera condición mafiosa de los togados. En Esquerra Republicana han sido más prudentes en la crítica a los jueces que están decididos a hacer cumplir los preceptos del Estado de Derecho. Ocurre que la Ley de Amnistía acaba de pinchar en hueso. El texto, concebido para la compra y venta de los 7 votos más caros de la historia del parlamentarismo español, el lunes sufrió un serio varapalo: el fugado Puigdemont sigue en busca y captura y Oriol Junqueras no podrá concurrir a proceso electoral alguno ni ostentar cargo público hasta 2031. El alto tribunal entiende que los citados líderes secesionistas quedan fuera de los beneficios del controvertido texto, sosteniendo que la amnistía queda sin efecto en los casos de malversación.

La ley exprés que mantiene al Gobierno, fue parida desde el seno de Junts merced a la batuta del abogado Boye (el tipo sacó la licenciatura desde la prisión en la que cumplía una pena de 14 años por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla) y la interesada entrega de Pedro Sánchez. Diseñando, entre todos, una alambicada ingeniería jurídica con el fin de burlar el orden constitucional y los códigos de justicia. De momento, el bueno de Salvador Illa que se vaya apretando los machos. La noticia complica todavía más la difícil situación del PSC en el anhelo de hacerse con la presidencia de la Generalitat catalana. Con este escenario, tal vez, digo tal vez porque en el universo Sánchez nunca se sabe, ni siquiera el sacrificio de Illa resultaría solución para el interés personal del jefe del Ejecutivo.

Sánchez, con tono jesuítico

Mientras caen chuzos de punta sobre La Moncloa y Ferraz, el presidente sale en defensa del Fiscal General del Estado cuando éste está al borde de la imputación y cuestiona que la misma pueda decidirla un juez. Por si hubiera alguna duda, Sánchez asegura ante los micrófonos de la SER, con una amigable Àngels Barceló, que Álvaro García Ortiz no debe dimitir: "cuenta con todo apoyo del Gobierno". Y sobre su esposa, Begoña Gómez, insiste en que "no hay nada" que todo viene "de la denuncia de un sindicato ultraderechista y la acción de la máquina del fango". En medio del viacrucis presidencial de este lunes de dolor, el maestro en cambios de opinión decide soltarlo en tono jesuítico, templando las palabras con suavidad, dominando el restallido de las tripas de nuestro Dorian Grey contravenido.

Sánchez ha dicho a Barceló que propondrá una modificación de la Ley de Publicidad Institucional a fin de lograr una mayor "transparencia" en la financiación con fondos oficiales de los medios de comunicación. Y no ha dudado en advertir: "No es aceptable que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos". El próximo 17 explicará de qué va la cosa en el Congreso. Inquieta y da mala espina el anuncio de un cuestionado presidente que parece sufrir el síndrome de Thomas Jefferson: "Un hombre que jamás mire un periódico estará mejor informado que quienes los leen". Veremos.

Periodista y escritor