Suspendido el juicio contra los tres exalcaldes de Cabanes acusados de prevaricación

Después de 11 años de haberse presentado la denuncia, el juicio contra los tres exalcaldes de Cabanes (Artemi Siurana, Paco Artola y Estrella Borrás) acusados por un delito continuado de prevaricación ha empezado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3, en Castelló, pero solo ha durado apenas cinco minutos.

La jueza ha suspendido la celebración de la vista oral después de que todas las defensas hayan coincidido en alegar "falta de competencia objetiva" del Juzgado de lo Penal para enjuiciar los hechos.

El motivo, según han expuesto los letrados, es que la pena en abstracto al delito continuado desborda los límites de este juzgado, ya que "la ley es clara, se está solicitando una pena superior a la que el artículo del delito por el cual se los ha imputado prevé". Por lo tanto, como es superior, no puede juzgarlo el Juzgado de lo Penal, sino que tiene que ir a la Audiencia Provincial, que sería el órgano competente para este caso, consideran.

¿Qué pasa ahora?

Tras la suspensión del juicio, una vez la jueza redacte el auto, todo apunta a que la magistrada remitirá la causa otra vez al Juzgado de Instrucción para que este órgano lo eleve a la Audiencia Provincial, en vez de al Juzgado de lo Penal, como se había hecho hasta ahora.

Denuncia de hace 11 años

El origen de este procedimiento se remonta a una denuncia que presentó en el 2013 el exconcejal de Cabanes y exsenador por Compromís Carles Mulet, que ponía en tela de juicio los contratos adjudicados desde el 2008 al 2013 por el Ayuntamiento de Cabanes al arquitecto municipal. Hace unos días, el propio Mulet confirmó que se retiraba como acusación particular en el caso.

Además de los tres exalcaldes del PP, están también acusados el entonces arquitecto municipal, Rubén Bellido; su socio de despacho, Juan Antonio Juncos; y el jefe de Urbanismo, José Vicente Guimerá. 

El fiscal considera a los exalcaldes y al jefe de Urbanismo responsables de un presunto delito continuado de prevaricación, y al arquitecto y a su socio de un delito continuado de tráfico de influencias.

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Escrito de Fiscalía

En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal argumenta que desde la entrada de Rubén Bellido (excandidato del PP a la alcaldía de Benicàssim) en 2007 como arquitecto municipal interino, comenzó a valerse de su situación laboral en el Ayuntamiento para conseguir que los trabajos del consistorio consistentes en realizar obras fueran adjudicados a su socio de despacho, Juan Antonio Juncos, consiguiendo que los sucesivos alcaldes del PP le fueran adjudicando a partir del año 2008 y hasta 2013 un total 28 trabajos del Ayuntamiento por los que le abonaron una cantidad que ascendió a 211.115,84 euros, según expone Carles Mulet, de Compromís.

odos estos trabajos, según la Fiscalía, fueron tramitados como contratos menores sin tramitación previa, sin expediente de contratación e incumpliendo el procedimiento preceptivo, contratándose los mismos por los alcaldes a sabiendas de la ilegalidad, y bajo el visto bueno del jefe de urbanismo y accidentalmente secretario-interventor, José Vicente Guimerá. El fiscal entiende que se ha producido un delito continuado de prevaricación y delito continuado de tráfico de influencias.

Penas que pide

Por todo ello, el Ministerio Público pide para el exalcalde del PP, Artemi Siurana, y el jefe de Urbanismo, José Vicente Guimerá, la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años y el pago de costas; y para los exalcaldes Paco Artola y Estrella Borrás la inhabilitación para cargo o empleo público durante 8 años y seis meses.

Además, solicitan para el arquitecto municipal, Rubén Bellido, una pena de dos años de prisión y multa de 422.231 euros, y la inhabilitación durante seis años, y el pago de costas. Para su socio, la misma pena de prisión.