El exsenador Carles Mulet retira la denuncia que presentó contra tres exalcaldes de Cabanes

El exconcejal de Cabanes y exsenador por Compromís Carles Mulet ha retirado la denuncia que presentó hace 11 años, en el 2013, contra tres exalcaldes del PP (Artemi Siurana, Paco Artola y Estrella Borrás). Están investigados por contratos adjudicados por el Ayuntamiento al despacho del arquitecto municipal. Hay investigadas otras tres personas.

Desde el consistorio confirman a Mediterráneo que el exedil ha quitado esta demanda (Mulet era la acusación particular), ya que parece ser que la Fiscalía sigue con el proceso. El propio Mulet ha publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter) que asistirá a la vista oral, prevista el próximo jueves, 6 de junio, a las 10.30 horas, en el juzgado de lo Penal número 3 de Castelló, «como testigo y no como acusación, porque no voy a gastarme dinero encima».

¿Qué se investiga?

La causa investiga si se cometió un presunto delito en los encargos realizados por el Ayuntamiento al despacho del arquitecto municipal, Rubén Bellido, desde su entrada en el Ayuntamiento como interino en el año 2007. Según la fiscalía, éste habría comenzado a valerse de su situación laboral en el consistorio para conseguir que los trabajos consistentes en realizar obras por el ayuntamiento fueran adjudicados a su socio de despacho, Juan Antonio Juncos.

Según la versión de la Fiscalía, podría haber conseguido que por los sucesivos alcaldes del PP le fueran adjudicados a partir del año 2008 y hasta 2013 un total 28 trabajos por el ayuntamiento por los que le abonaron una cantidad total de 211.115,84 euros. Todos estos trabajos, según el Ministerio Público, fueron tramitados como contratos menores sin tramitación previa, sin expediente de contratación e incumpliendo todo el procedimiento preceptivo, contratándose los mismos por los alcaldes a sabiendas de la ilegalidad, y bajo el visto bueno del jefe de urbanismo y accidentalmente secretario-interventor José Vicente Guimerá. 

En concreto, la Fiscalía considera que ha habido un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de tráfico de influencias. 

La fiscalía solicita para el exacalde del PP, Artemio Siurana, y el jefe de urbanismo, José Vicente Guimerá, la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años y el pago de costas; para los ex alcaldes Paco Artola y Estrella Borrás, las inhabilitación para cargo o empleo público durante 8 años y seis meses. Mientras, para el arquitecto municipal pide una pena de dos años de prisión y multa de 422.231 euros, y la inhabilitación durante seis años.