Castellón tramita 13 cambios de sexo al mes desde que se aprobó la ley 'trans'

La provincia de Castellón ha tramitado casi 200 solicitudes de cambio de sexo en los cinco registros civiles de la provincia desde que entró en vigor a principios del 2023 la conocida como ley trans. Según las cifras a las que ha tenido acceso Mediterráneo, más de la mitad de estos trámites se han recibido en el partido judicial de Castellón --107--, en el que se integran hasta 37 localidades, estando entre las mismas: Almassora, Benicàssim, l’Alcora, Cabanes, Orpesa o Vall d’Alba. El segundo registro civil con mayor número de solicitudes es Nules --30--, seguido de Vila-real --23--, Vinaròs --17-- y Segorbe --12--.

Teniendo en cuenta que la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de marzo de 2023 y su entrada en vigor se hizo efectiva a partir del día siguiente, durante los nueve meses restantes del 2023 se tramitaron en la provincia 15 cambios de sexo al mes, con un total de 141 solicitantes. En lo que va de 2024, se han recibido un total de 48 peticiones.

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Cabe recordar que la nueva ley permite en su artículo 43 que toda persona mayor de 16 años de nacionalidad española podrá solicitar en el Registro Civil el cambio registral de su sexo sin que sea necesario para ello presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a un proceso médico de cambio de sexo. 

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La nueva norma permite agilizar los trámites legales a quienes viven complicados procesos personales que, durante años, se han dilatado burocráticamente, provocando desfases entre la situación personal y administrativa de quienes deseaban variar su sexo. La ley trans, aunque promulgada sin duda en aras de favorecer la libertad y la inclusión de todas las personas, también está sirviendo a aquellos que quieren hacer un uso fraudulento de la misma para obtener ciertos beneficios. Y es que, como dice el refranero, hecha la ley, hecha la trampa.

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Usos fraudulentos

Como publicó este periódico en exclusiva días atrás, dos agresores machistas de Castellón, con antecedentes por varias víctimas, han solicitado también ese cambio de sexo en el registro de la capital de la Plana. La motivación, temen tanto los investigadores, como la Fiscalía y el juzgado, habría que buscarla, supuestamente, en la búsqueda de una inimputabilidad en futuros delitos de la misma tipología. Aunque los delitos cometidos siendo hombres seguirán su curso y no se borran, si legalmente están considerados mujeres, a partir de ese momento no pueden incurrir en violencia de género. Los investigados podrían, en caso de condena, solicitar el ingreso en una prisión de mujeres, como ya ha pasado en otras comunidades autónomas. Estos hechos indignan tanto a la comunidad LGTBIQ+, como las víctimas de violencia machista y al resto de los defensores de las libertades.

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