El Gobierno pule con Canarias los detalles para 'blindar' la ley sobre el reparto de menores migrantes

La pelota de la reforma legal que dará cobertura al reparto de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas sigue de lado a lado de la red entre Canarias y el Estado sin que se sepa aún de qué parte caerá definitivamente. Ambas partes siguen cruzándose propuestas y papeles pero la decisión, que en todo caso corresponde a la administración central, sigue en el aire. El acuerdo político está cerrado desde hace semanas, pero desde los servicios jurídicos de una y otra administración están puliendo hasta el último detalle para blindar el texto, que modifica el artículo 35 de la ley de Extranjería, ante posibles recursos de las partes afectadas, fundamentalmente las comunidades autónomas a los que se deriven los menores que lleguen a Canarias u otros territorios fronterizos afectados por la llegada de migrantes por vía marítima.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó este martes que se “está ultimando el texto”, sobre el que insistió en su dificultad técnico-jurídica, y apremió al Gobierno central para que agilice todos los estudios y análisis pendientes. Los propios servicios técnicos de la Comunidad Autónoma han revisado en los últimos días las últimas propuestas de la otra parte. Clavijo insistió en la apuesta de su gobierno por tramitar la reforma a través de un decreto ley del Consejo de Ministros, pero el Ejecutivo central mantiene su tesis de que, dada las características de la reforma, ofrece mayores garantías la fórmula de la proposición de ley en el Congreso por parte de uno o varios grupos parlamentarios.

Dos opciones

Esta opción, que no necesita, por tanto, pasar por Consejo de Ministros, retrasaría unas semanas la tramitación, pero “no más de dos o tres semanas” según señalan desde el gabinete del Ministerio de Política Territorial, cuyo titular, Ángel Víctor Torres, está gestionando mano a mano con el propio Clavijo el proceso de negociación y de revisión de la fórmula final. El problema desde el punto de vista de Canarias es que ya se está al límite de plazos para que la reforma pueda entrar en vigor antes de que la llegada del verano pueda abrir una nueva fase de llegada masiva de migrantes a Canarias y que se alcance una “situación insostenible” en el sistema de acogimiento, teniendo en cuenta que las Islas ya tiene bajo su tutela y cuidados a 5.600 menores.

“Me consta que se está haciendo un esfuerzo importante tanto por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma como por los del Gobierno de España. A todos nos urge porque se acerca el verano y el tiempo va pasando”, apremió el dirigente nacionalista. “Yo confío y espero que podamos en los próximos días cerrar definitivamente el texto para poder articular ya la figura de tramitación, si proposición de ley o es decreto ley, que es por el que nosotros seguimos apostando, de tal forma que podamos tener y la aplicación de manera inmediata porque si ahora mismo estamos ya en una situación completamente límite, si pasa el verano y empiezan a llegar como previsiblemente va a ocurrir, no podríamos garantizar la atención de más menores”, resaltó.

Clavijo confirmó que se están detallando otros pormenores de la reforma legal que se pretende, entre ellos el momento en que debe empezar a contarse el plazo de 15 días que se va a establecer para que los menores sean identificados, ubicados y traslados a otros territorios una vez que Canarias supere el 150 % de su capacidad de acogida. Son cuestiones muy puntuales, pero sobre las que el futuro texto legal tiene que cerrar cualquier posibilidad de recurso ante los tribunales.

“Son pequeños matices que queremos amarrar muy bien en el texto de la ley porque puede ser objeto de recurso o controversia y un error de interpretación puede generar consecuencias importantes”, explicó el mandatario regional. “Más ansioso que el propio Gobierno [de Canarias] no creo que haya nadie, pero sí constato que se está haciendo un esfuerzo importante para que todo quede claro, con toda la seguridad jurídica y que surta el efecto deseado, y que el bien general del menor prevalezca por encima de los avatares políticos, las decisiones de cada comunidad autónoma y que quede muy bien fijado en la ley”, insistió Clavijo.

¿Después del 9J?

Desde el Gobierno central se asegura que “se está puliendo el texto para que tenga plena seguridad jurídica”, y aunque sostienen que, tras el acuerdo político, “todo depende ahora de que los servicios jurídicos, de una y otra parte, cierren los flecos”, eluden dar un plazo para que se inicien el resto de los trámites que hagan operativa la reforma y pueda empezar a aplicarse. En este punto es desde el que el ministerio de Torres se remiten a lo que políticamente pueda dar de sí todo ese proceso, pues recuerdan que cuando el texto de la reforma esté listo entrarán en juego las posiciones que adopten las formaciones políticas tanto en Canarias como en Madrid, además del resto de comunidades autónomas.

Según el guion previo del Gobierno de Canarias, una vez elaborada la propuesta de modificación de la ley de Extranjería, el texto se presentaría a los grupos del Parlamento de Canarias, cuyos portavoces, salvo el de Vox, aprobaron en su momento la propuesta inicial elaborada por el equipo de Clavijo antes de iniciarse la negociación con el Estado. Si los representantes de los grupos de la Cámara regional mantienen ese respaldo, en este caso ya al texto pactado entre Canarias y el Estado, deberán reunirse con la Junta de Portavoces del Congreso, o en su caso individualmente con cada uno de ellos por separado, para recabar el apoyo en la Cámara baja tanto si se trata de una proposición de ley, como si fuera el caso de un proyecto de ley.

Este sería, según el Ministerio de Política Territorial, el momento crucial de todo este proceso porque se necesita del apoyo del PP para que la reforma salga adelante. Recuerdan al respecto que los populares aún no han confirmado ese respaldo de forma clara, razón por la que entienden que los populares canarios tendrán que convencer a sus jefes de la calle Génova, del grupo en el Congreso, y a sus compañeros del resto de comunidades autónomas. El hecho de que sus socios de Vox en cinco comunidades autónomas rechacen esta medida podría dificultar la posición definitiva del PP, uno de los factores que podría estar retrasando el texto de la reforma hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio y que la misma no sea objeto de debate en la campaña, según distintas fuentes parlamentarias del Congreso.

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