El reparto de menores queda en manos del consenso entre comunidades autónomas

No hay todavía fumata blanca entre los gobiernos de España y de Canarias y los grupos del Congreso para la reforma legislativa que ampare el reparto obligatorio de menores no acompañados, pero sí una puerta abierta para conseguirla en una o dos semanas. La llave para poder franquear esa puerta la tienen ahora las comunidades autónomas, a las que se convocará de forma inmediata para presentarles la propuesta de modificación de la ley de Extranjería y que expongan sus posiciones y, en todo caso, incorporen posibles modificaciones.

Esa cita se producirá en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, con mayoría de consejeros del PP, que se quiere celebrar en Canarias la próxima semana o la siguiente y en la que se pretende un “empujón final” y convencer a los responsables autonómicos de que la medida incorporará la financiación suficiente para cubrir los costes de la acogida.

Esta es la clave de bóveda de la iniciativa que han defendido durante dos días el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en los dos días de consultas con los grupos del Congreso y ante la que ninguno de ellos, salvo Vox, han expresado rechazo. Tras las reuniones del martes, que se saldaron con el apoyo mayoritario más o menos matizado de, según los casos, ERC, Podemos, PNV, Bildu, Sumar y CC, y la indefinición de Junts, este martes le tocó el turno a Vox, PP y PSOE.

Descontado el apoyo socialista, Torres y Clavijo recibieron la confirmación del rechazo del partido de Santiago Abascal, y también la advertencia de los representantes populares que acudieron a la reunión, Miguel Tellado, portavoz parlamentario, y Ana Alós, responsable de política migratoria, de que el grupo condicionaban su apoyo a un consenso previo con las comunidades autónomas. Vox, representado por su portavoz Pepa Millán y el diputado por Las Palmas Alberto Rodríguez, insistió en su idea de que los menores permanezcan en Canarias hasta que puedan ser devueltos a sus países de origen, y además amenazó luego al PP con abrir una crisis en los gobiernos de las autonomías en las que son socios de gobierno si apoyaban la reforma.

Lenguaje moderado

Los dos dirigentes populares abandonaron ante Torres y Clavijo el lenguaje más crítico ante la medida utilizada el día anterior por el propio Tellado, y expusieron sobre todo el hecho de que no se haya consultado previamente a los gobiernos regionales, que no concrete la financiación con la que cuenta por parte del Estado, y que no recoja la necesidad de la declaración de emergencia migratoria. Pero no dijeron que ‘no’ y, sobre todo, que se someterían a lo acordado en el seno de la conferencia sectorial, donde las comunidades gobernadas por el PP defenderán su respectiva posición sin indicación previa de la dirección del partido.

Tras concluir la ronda de contactos, el último precisamente con el PP en una reunión de casi una hora y media de duración, Torres y Clavijo resumieron en comparecencia conjunta los resultados reconociendo de forma implícita que “queda mucho trabajo por hacer”, pero que la propuesta sigue su curso y que ahora le toca pronunciarse a las comunidades autónomas. Es decir, ceden de alguna manera a la exigencia del PP de propiciar un consenso territorial previo y dejan, por tanto, en manos de los barones territoriales del partido de Alberto Núñez Feijóo el futuro y la viabilidad de la reforma planteada. Para evitar esa lectura, tanto Torres como Clavijo mencionaron que, de facto, el texto ya se remite inicialmente a lo que se acuerde en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Despejar dudas

Torres quiso “despejar las dudas” que se han planteado en relación con la financiación de la medida señalando lo que el texto hace mención específica, tanto en la exposición de motivos como en el

articulado, a la “suficiencia financiera”, pero que esa mención “puede mejorarse si así lo plantean los grupos”. “Vamos a seguir los trabajos lo más rápido posible para culminar con la manifestación definitiva de los grupos políticos y en ese momento es cuando ya podríamos decir qué grupos dan el sí al texto final o quienes lo rechazan o se abstiene, aunque para ello nos queda un paso previo que es la conferencia sectorial de las próximas semanas”.

Sobre el calendario, las previsiones es que si hay acuerdo entre las comunidades autónomas, poder trasladar la propuesta en algunos de los plenos previstos para los días 11, 17 y 23, según se comunicó este miércoles a los grupos. De momento, no hay, por otro lado, ninguna decisión sobre si se planteará como proyecto de ley, tal como reclama el Gobierno de Canarias, o como proposición de ley, opción por la que apuesta el Gobierno central por considerarla más segura, siempre con la idea de tramitarlo por la vía de urgencia para que está lista lo antes posible.

El texto se debatiría en el Congreso durante el mes de julio si hay acuerdo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia antes de dos semanas en Canaria

Clavijo valoró el hecho de que todos los grupos hayan acudido a la ronda de contactos “en un asunto de la gravedad del drama humanitario del que estamos hablando” y que “fruto de las reuniones se han hecho propuestas que enriquecerán el texto”. Todo ello se analizará para incorporar aquellas que se consideran oportunas para trasladarlo, ya con esas modificaciones, al “someterlo al análisis” y la consulta de las comunidades autónomas.

“Este paso es importante porque si de verdad queremos que se pueda dar satisfacción al interés general del menor con la agilidad y las garantías necesarias precisamos necesariamente de la colaboración de las comunidades autónomas”, recalcó Clavijo antes de señalar que “una propuesta legislativa que puede ser discutida o llevada al Tribunal Constitucional, o incluso no cumplida o litigada, va a obstaculizar el objetivo que perseguimos, que es garantizar a los menores su derecho y tener el acogimiento adecuado”.

Ambos dirigentes destacaron como “muy alentador” que aunque “no hay todavía fumata blanca”, el hecho de que ningún grupo salvo Vox haya rechazado la propuesta y se hayan mostrado “conscientes y solidarios” con la situación que vive Canarias o pueden vivir otras comunidades en el futuro, así como una “buena predisposición hacia el grueso del texto, porque estamos hablando de pequeños matices”. Con todo, insistió Clavijo, “es evidente que todas las comunidades que vayan a coger los menores tienen que conocer el texto y tenemos que escucharnos para que la media tenga la aplicación práctica que todos deseamos”.

Junts pide competencias

Torres destacó por su lado que “esto es una modificación legislativa singular, que afecta a población vulnerable y, por tanto, necesitamos el apoyo y la colaboración de las comunidades autónomas porque si no es prácticamente imposible que esto fuera exitoso”, pero resaltando al mismo tiempo que “ambos gobiernos hemos visto que la única fórmula posible para que esto sea un éxito es la modificación de la ley, porque hasta hora los acuerdos de distribución voluntaria no han sido efectivos”.

En lo que se refiere a la posición del PP, Clavijo aseguró que él representaba la posición del Gobierno regional con pleno respaldo del vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, y, por tanto, la de los populares canarios como presidente regional del partido, y justificó como “razonable” que exija la participación de las comunidades autónomas “porque van a tener que aplicar el acuerdo”. “El PP nos ha hecho matizaciones que vamos a recoger”, afirmó el también líder de CC. Fuentes parlamentarias del PP aseguran que una de las reclamaciones que sus representantes plantearon en la reunión es que del reparto no se exima a Cataluña, algo que según el PP reclamó Junts.

Aunque esta cuestión no fue mencionada por Torres y Clavijo en su comparecencia, lo que sí parece claro que planteó Junts fue que paralelamente a esta reforma legal se avanzara en el acuerdo suscrito en su día por la formación con el PSOE para la cesión de las competencias en materia de migraciones. Torres se limitó a señalar en este sentido que “Junts nos haría llegar una propuesta para ver si era aceptable introducirla en el texto y estamos esperándola”. “Lo que le hemos planteado es la necesidad de una solución urgente a los territorios afectados por una emergencia objetiva como nunca antes se había producido y esto es un viejo anhelo no satisfecho por las comunidades autónomas hoy le toca a Canarias, en 2018 le tocó a Andalucía y ahora estamos más cerca que nunca de la única fórmula que lo haría factible”.

Suscríbete para seguir leyendo