El Gobierno usa la ONU para confrontar con los Ejecutivos de PP y Vox tras la crisis de Sánchez

El Gobierno extenderá su marcaje a las “tesis negociacionistas” que Vox buscaría “imponer” al PP en sus gobiernos de coalición tras el informe de la ONU contra los planes de concordia en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Más allá de la derogación de las leyes de memoria democrática, cuestionada por contravenir tratados internacionales, desde el Gobierno advierten que también pondrán pie en pared ante posibles recortes en materia de derechos LGTBI o contra la violencia de género. De hecho, tildan de “discursos negacionistas” que los acuerdos de coalición firmados por PP y Vox eludan referirse al concepto de “violencia de género” para diluir esta realidad con otros términos como “violencia intrafamiliar”.

El Ejecutivo ya activó una comisión bilateral con la Comunidad de Madrid para negociar que se reviertan algunos de los cambios introducidos el pasado mes de diciembre en la ley trans y contra la LGTBIfobia. De no haber acuerdo en el plazo de seis meses previsto por la ley, se recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Por el momento, según fuentes de los ministerios implicados, no se han producido avances. La misma hoja de ruta se seguirá con los planes de concordia, activando la próxima semana la comisión bilateral con el gobierno de Aragón previa al recurso de inconstitucionalidad.

La ONU concluye que las "leyes de concordia" de PP y Vox vulneran los tratados internacionales

La consigna del Ejecutivo en esta contraofensiva pasa por tomar todas las medidas necesarias para “defender los derechos y libertades” ante lo que consideran una “amenaza”. Con todo, se reconoce que no hay constancia en estos momentos de que en otras comunidades se planeen leyes para la “revisión de derechos”, en línea con la Comunidad de Madrid. “El PP debería reflexionar, está pagando un precio de sumisión a la ultraderecha que va más allá de las leyes de memoria”, argumentaba este viernes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para alertar sobre la “amenaza de que crezcan visiones sobre que el totalitarismo debe vencer a la democracia”. El informe de la ONU ha cargado al Gobierno de razones para incrementar la presión sobre los populares con el objetivo de que se desmarquen de sus socios de gobierno.

La batalla cultural frente al revisionismo histórico y los recortes de derechos se amplía a diferentes frentes agitando otras banderas como la de la antitauromaquia. Este mismo viernes, el ministerio de Cultura que lidera el dirigente de Sumar Ernest Urtasun anunció que el Gobierno suprimirá los Premios Nacionales de Tauromaquia. Una medida frente a la que diferentes comunidades autonómicas, incluida Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, han reaccionado proponiendo asumir su organización.

En pleno ciclo electoral, los socialistas retoman su estrategia de campaña de las generales. Ahora ya no solo con una denuncia genérica de los pactos entre PP y Vox, sino señalando las medidas más polémicas de sus gobiernos de coalición y entrando de lleno en la batalla cultural. Con el recurso a instancias internacionales para amplificar la denuncia y legitimar los siguientes pasos ante el Tribunal Constitucional.

Agenda de movilización

A todo ello se suma el nuevo frente abierto por Pedro Sánchez, tras su decisión de continuar al frente del Gobierno, para combatir la “máquina del fango” en la que incluye tanto a los populares como a la ultraderecha. Un debate sobre la regeneración democrática que se está utilizando como palanca electoral y en busca de una movilización del electorado progresista que en las generales ya impidió, contra el pronóstico de todas las encuestas, la suma de una mayoría por parte de PP y Vox. Por ahora, Sánchez no solo ha neutralizado el arranque de la campaña catalana acaparando todos los focos, sino empujado la agenda desde la discusión sobe la corrupción o los pactos con los independentistas hacia el debate sobre “una gran causa nacional” para que “la mayoría social se movilice”.

En este contexto, desde el Gobierno se ha urgido a la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género. Un planteamiento con el que se busca retratar a los populares si no ponen pie en pared contra lo que denominan el “negacionismo” de los de Santiago Abascal. La propuesta de la subcomisión en el Congreso para abordar su renovación fue firmada por todos los grupos parlamentarios menos Vox.

El objetivo es renovar este pacto de Estado después de siete años desde que fue aprobado. Entonces no solo fue avalado por los grupos parlamentarios, sino también por todas las comunidades autónomas. Es en la ratificación de este aval por parte de los gobiernos regionales en lo que pondrán la lupa desde el Ejecutivo.

Violencias machistas

Sánchez ya avanzó tras reunir el pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer el pasado mes de abrir que era “una prioridad absoluta en el corto plazo” su renovación. Asimismo, se refirió a la necesidad de que “todas las administraciones reconozcan la violencia ejercida contra las mujeres por el mero hecho de serlo”. También sobre el hecho de que “no haya espacios para la duda, ni margen para otras lecturas que atenúan o diluyen las violencias machistas y que remiten a un tiempo afortunadamente superado”, en una clara referencia a los socios de gobierno del PP.

Otro de los asuntos que se prevén poner sobre la mesa son los derechos LGTBI. El acuerdo de coalición con Sumar incluye el impulso de un pacto de Estado por las personas LGTBI y para la erradicación de los discursos de odio y discriminación. Ya durante su discurso de investidura, Sánchez defendió que es más necesario que nunca por “el recorte de derechos y de libertades” de los que acusó a los ejecutivos de coalición de la derecha con la ultraderecha.