Los 36 hechos con los que Mónica Oltra y 15 acusados más irán a juicio

La investigación judicial por el tratamiento que la Conselleria de Igualdad dio al caso de abusos de la menor tutelada por la Generalitat por parte de un monitor, exmarido de Mónica Oltra, ha quedado delimitada por 36 antecedentes de hechos identificados por el titular del Juzgado de Instrucción 15, Vicente Ríos, en el auto de incoación de procedimiento abreviado. Uno de los pasos previos a la apertura de juicio oral. Y que ahora las acusaciones públicas (Fiscalía), particular (la menor representada por el abogado José Luis Roberto, líder de España 2000) y popular (el partido Vox y la asociación de la polemista Cristina Seguí, Gobierna-te, representada por Pablo Delgado, abogado de Francisco Camps) deben calificar en delitos concretos.  

Como antecedentes de los hechos enjuiciados, el magistrado de Instrucción 15 relata que la menor estuvo tutelada por la Generalitat desde los nueve años, edad a la que ingresó en el Centro de acogida Niño Jesús de València. Un centro privado pero que depende de la Generalitat en materia de menores tutelados. Ydonde también se produjeron los abusos entre finales de 2016 y principios de 2017, según la sentencia firme de la sección segunda de la Audiencia de València. En esas fechas la entonces vicepresidenta Mónica Oltra y el monitor condenado, Luis Eduardo Ramírez, «compartían el mismo domicilio, pero la relación personal se había deteriorado». 

El educador también fue «hasta 2016, el mayor apoyo de la menor en el centro de acogida, contándole todos sus problemas y considerándole como a un padre, en ausencia de los suyos (...) Llegó incluso a conocer a los dos hijos de Ramírez y Oltra, aunque no a ésta, de la que solo sabía que era una persona ‘importante’», relata el magistrado de Instrucción 15.

El periodo en el que sucedieron los abusos, la situación de la menor en el colegio y el centro de acogida «empeoró notablemente» con fugas y alguna expulsión del centro escolar. Desde finales de 2016 y principios de 2017 «el propósito no disimulado» de la adolescente «era dejar el centro de menores» e ir a residir a casa de los padres de un joven al que había conocido. 

El 13 de febrero de 2017 es cuando la menor comunica por primera vez a una trabajadora social de otro centro, al que la menor acudía para recibir el dinero que su padre le enviaba desde la cárcel, que se ha fugado del Centro Niño Jesús por «haber sufrido abusos sexuales de un monitor» al que identifica por el nombre: Luis E. Ramírez. 

La trabajadora comunica los hechos al centro Niño Jesús y pregunta en el Grupo de Menores (Grume) de la Policía cómo proceder. El centro de acogida de menores aplicó entonces el «protocolo o pautas de intervención ante la sospecha de abuso sexual» (que no tuvo la Conselleria de Igualdad hasta el 20 de septiembre de 2017).

La directora del centro (psicóloga de profesión) y la psicóloga de referencia en la conselleria del centro Niño Jesús se entrevistaron con la menor (según el protocolo sin «presionar para que contara lo ocurrido») que manifestaba su deseo de abandonar el centro e ir a vivir con «sus suegros», pero sin alegar los abusos como motivo. La menor llegó a visitar la Fiscalía de Menores por la denuncia contra ella de otro monitor y tampoco relató los hechos. El asunto se cerró porque «desde la exploración que ha realizado conselleria no se aprecia ningún indicio, por lo que se no considera oportuna la derivación a Espill». La primera trabajadora social a la que la menor comunicó los abusos también telefoneó al Grume de la Policía para comunicar que «la menor no iba a interponer denuncia alguna».  

Por esta secuencia de hechos, muy resumida, han acabado procesados la directora del centro Niño Jesús, la psicóloga de referencia en la Conselleria de Igualdad, el jefe de la sección del Menor II de la conselleria y otra psicóloga de esta misma área, por no comunicar los (entonces supuestos) abusos a la Fiscalía (una notificación que no exigía antes de la Instrucción del 20 de septiembre de 2017). 

La Fiscalía abre diligencias

Los abusos se judicializan a finales de junio de 2017 cuando la menor relata los hechos a dos policías nacionales en Alcàsser y la información llega a la Fiscalía de Menores que abre diligencias y ordena, el 28 de julio, imponer alejamiento y prohibición de comunicar al monitor con la menor. El 4 de agosto la Policía Local de Riba-roja comunica a Luis E. Ramírez el auto del Juzgado de Instrucción 12 de apertura de diligencias. Es el día en el que Mónica Oltra declara haberse enterado de los abusos y la denuncia. El 21 de agosto se abre un expediente informativo en el que se decide que la menor sea entrevista por una psicóloga del Instituto Espill (el 5 y 21 de septiembre), que realiza este tipo de exploraciones para la conselleria desde 2013. 

En la causa se investigaron 48.000 correos intercambiados entre los 16 acusados. Ninguno revelaba un intento de ocultación del caso. Sólo el traslado de información habitual entre los profesionales. Pero por estos hechos han acabado finalmente investigados el secretario territorial y las dos directoras territoriales de València (una por remitir a la Fiscalía el informe del Instituto Espill tras el primer juicio), la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad, el subsecretario de Igualdad, la directora y la subdirectora general de Infancia, una técnica jurídica, el jefe de gabinete y la propia Mónica Oltra. A pesar del archivo de la causa adoptado por Instrucción, tras las dudas planteadas por la sección cuarta de la Audiencia, los 16 investigados parecen abocados a ir a juicio oral.